Tras el supuesto intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016, el gobierno Turco bajo el liderazgo autoritario de Recep Tayyip Erdogan ha tomado una ola de acciones opresivas no solo contra los presuntos golpistas sino también contra aquellos que son percibidos como críticos del régimen. Actualmente, como parte de la represión posterior al golpe de estado de Turquía, más de 130,000 personas, incluidos jueces, académicos, maestros, periodistas, oficiales de policía y militares, y otros funcionarios públicos han sido despedidos de sus trabajos. En correlación, más de 217,000 han sido detenidos y 160,000 arrestados. Amnistía Internacional informa que los detenidos fueron “detenidos arbitrariamente” sin “evidencia que establezca sospechas razonables de comportamiento criminal” y que “solo una pequeña minoría de ellos fue acusada de participar en los hechos reales del intento de golpe”. En medio de la represión masiva de cientos de miles de disidentes, las organizaciones de derechos humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han señalado que se viola a gran escala los derechos humanos por el gobierno Turco. Los asesinatos arbitrarios, las muertes sospechosas de personas bajo custodia, las desapariciones forzadas, las torturas, los malos tratos, la injusticia y las amenazas, principalmente contra los seguidores del Movimiento Gulen, los Kurdos y los Izquierdistas, se han informado ampliamente durante esta caza de brujas a gran escala. A medida que las personas continúan siendo arrestadas y muchas más torturadas y secuestradas, el presente informe de Advocates of Silenced Turkey (AST) destaca algunas de las preocupaciones claves de derechos humanos que han tenido lugar en Turquía durante este período en curso.
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